El Tratado de Itaipú cumplió ayer 52 años de vigencia en medio de un llamativo silencio, a pesar de que en la víspera, en la sede del Partido Colorado, tuvo lugar el “Primer foro republicano del sector eléctrico”.
Llamativo, porque el Tratado de Itaipú traspuso ese medio siglo de vigencia que, en otras circunstancias, el ritual stronista hubiera obligado a celebrar con los alborotos que lo caracterizan. ¿Acaso algo cambió en el país o algo esconden?
Inquietante, porque el silencio se impuso en medio del alboroto: el Primer Foro Republicano del sector eléctrico, que atrajo nada menos que a cinco expresidentes de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE): los ingenieros Héctor Richer, Mario Orue, Angel Recalde, Martín González y Pedro Ferreira.
Al actual presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, y al director general paraguayo de Itaipú, Ing. Justo Zacarías, pero, lo más sorprendente, ninguno de ellos, excepto Zacarías; recordó los 52 años de vigencia del Tratado y, mucho menos la revisión del Anexo C -bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de Itaipú -, que debió revisarse el 13 de agosto de 2023.
¿Qué dijo Zacarías sobre la revisión del Anexo C? Que se impuso una pausa entre las partes, pero de inmediato decidió cobijarse con la remanida excusa: es un tema de las Altas Partes Contratantes y optó por desplazarse un temario menos exigente, como aumentar la producción de Itaipú, mediante la expansión del embalse o mediante la adición de otras dos turbinas o de paneles solares flotantes.
La revisión del Tratado de Itaipú
La revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, palabra que según el Diccionario de la Lengua española también significa corrección, enmienda, etc., debió concretarse el 13 de agosto de 2023 y, simultáneamente, la de los artículos correlativos del Tratado, como los que abonan la interpretación según la cual el Paraguay está obligado a ceder su excedente energético en la central exclusiva y excluyentemente al Brasil.
O las interpretaciones según las cuales Itaipú rige solo el Derecho de Adquisición de nuestro excedente y no el Derecho Preferente de Adquisición, tal como lo establece el Acta Final de Foz de Yguazú y el mismo Tratado en el tercer párrafo de su Considerando.
El numeral VI del Anexo C manda que se revisen sus disposiciones 50 años después de la puesta en vigencia del Tratado de Itaipú, o sea el 13 de agosto del 2023.
Pasaron dos años y, en ese lapso, el gobierno de Santiago Peña, en vez de corrección o enmienda del Tratado acordó con su par brasileño otro documento, mediante entendimientos que, además de transgredir el Tratado con una y sobretarifa, prolonga el plazo de referencia con promesas que hasta ahora no cumplió, como la nueva fecha de revisión del Tratado (31 de diciembre del 2024), o que nuestro país venda “libremente” al mercado brasileño su excedente energético en la binacional.
