La Cámara de Senadores aprobó para la próxima semana el tratamiento del controvertido proyecto de ley de “Protección de datos personales del Paraguay” que cuenta con media sanción de Diputados. La senadora Lilian Samaniego (ANR, independiente) urgió el pedido tras la polémica recolección de datos biométricos del Banco Ueno, exsocios del presidente Santiago Peña a personas que ingresaron a la Expo.
El pedido de tratamiento del cuestionado proyecto de ley de protección de datos personales fue planteado por la senadora Lilian Samaniego (ANR, Independiente), quien había denunciado que durante el desarrollo de la Expo el Banco Ueno obligaba a las personas a dar sus datos biométricos así como abrir cuentas bancarias y monopolizar eventos como el de Shakira.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley el pasado 27 de mayo sin mucho rigor. Durante el estudio de la norma reconocieron que el debate era insuficiente y que el Ministerio de Tecnologías de la Información (MITIC), órgano de aplicación era inútil.
Los detractores de la norma habían solicitado que la Cámara de Senadores arregle lo que haga falta a la norma que fue trabajada durante años y fue desvirtuada por el cartismo y sus aliados.
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En la última audiencia pública que hizo la comisión de Ciencias y Tecnología del Senado la Asociación de Bancos del Paraguay expresó su preocupación sobre el proyecto de ley de protección de datos personales. Liz Cramer, representante de la Asoban pidió a la Cámara de Senadores que modifique la normativa que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Con relación al artículo 4° de los datos personales manifestaron que el punto más crítico para el sector bancario es la conciliación de los principios de finalidad y proporcionalidad para la necesaria obtención, uso y conservación de datos para el perfil crediticio y determinación de riesgos asociados con los productos y servicios financieros.
Sobre el artículo referente al Acceso a la Información Pública y protección de datos, mencionaron que la normativa podría resultar un impedimento para el acceso a la información relevante sobre las declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos entre otras cuestiones que están relacionadas con datos personales de servidores públicos.
Por su parte, Miguel Ángel Gaspar, experto en ciberseguridad dijo que espera que la normativa una vez promulgada tenga un blindaje en la reglamentación. Mencionó que el último pedido al MITIC es que dicha institución pueda hacer un registro nacional de malas prácticas en el tratamiento de datos personales.
