Lo que debería ser una época de celebración se ha convertido en una pesadilla para una familia de la fracción Frontera Verde 4. Perla Eliane Benítez recibió una orden de desalojo que vence este viernes, tras enterarse de que su vivienda fue rematada por apenas G. 1.000.000, a pesar de estar valuada en aproximadamente G. 300.000.000.
Un juicio «fantasma» en la capital
El abogado de la mujer, Héctor Barreto, denunció que el proceso se llevó a cabo en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 11° Turno de Asunción, a pesar de que tanto la propiedad como la residente se encuentran en Pedro Juan Caballero. Según el profesional, su clienta nunca fue notificada del juicio ejecutivo iniciado por la empresa Arcallana SA (URBA Inmobiliaria).
«Fue un juicio en el que la señora nunca tuvo conocimiento. El ujier supuestamente dejaba las notificaciones pegadas porque no encontraba a nadie, pero esas cédulas nunca aparecieron», explicó Barreto.
El remate: ¿Un esquema dirigido?
La subasta se realizó el pasado 12 de junio de 2025 sin base de venta. El único oferente fue Hugo Nicolás Azcona Ruiz, quien se adjudicó la propiedad por un millón de guaraníes. Un dato alarmante revelado por la defensa es que Azcona figura en redes profesionales como Gerente de Legales de la propia inmobiliaria demandante.
Incluso, en el acta de remate se dejó constancia de que el adjudicado no abonó el monto ni la seña, bajo el argumento de ser el «acreedor de mayor monto».
Perfil de la víctima
Perla Benítez adquirió el lote en 2019 y logró pagar 63 de las 130 cuotas pactadas. Debido a las dificultades económicas derivadas de la pandemia, se atrasó cuatro meses, momento en que la empresa bloqueó sus pagos e inició la vía judicial sin darle oportunidad de regularizar la deuda.
Acciones legales contra la «Mafia de pagarés»
El abogado Barreto calificó el hecho como una «fotocopia de la mafia de los pagarés» y anunció medidas drásticas ante la flagrante injusticia:
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Denuncia ante el JEM: Contra los magistrados por mal desempeño de funciones e ignorancia de la ley al aceptar un caso fuera de su circunscripción.
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Denuncia penal: Ante la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito contra la empresa.
«Es totalmente injusto sacar a una familia con tres menores de edad por una suma irrisoria justo antes de la Navidad», lamentó el letrado, mientras la comunidad de PJC se mantiene alerta ante el inminente desalojo previsto para este viernes 19 de diciembre.
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