El gobierno presentó un proyecto de ley para reformar el transporte público, pero la propuesta generó críticas por su falta de definiciones operativas, financiamiento y plazos claros. Legisladores opositores, especialistas en urbanismo y organizaciones de pasajeros cuestionan que no incluye un plan inmediato para mejorar rutas, frecuencias ni la gestión del sistema, mientras el oficialismo defiende que se trata de una “ley marco” que requerirá un proceso de implementación a largo plazo.
El proyecto de ley de reforma del transporte público, que fue presentado por el presidente Santiago Peña, generó una serie dudas, cuestionamientos y reclamos por parte de legisladores, especialistas y organizaciones de usuarios.
“Es un proyecto desordenado y sin plan operativo”
El diputado opositor Raúl Benítez advirtió que el texto carece de un modelo claro y presenta inconsistencias:
“Hay un desorden en cuanto al tipo de reforma que se pretende. No se define si los buses serán adquiridos por el Estado o entregados al sector privado. Tampoco queda claro cómo será el periodo de transición ni qué pasará con las concesiones vigentes, que podrían extenderse indefinidamente”, señaló.
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“Se habla de reforma, pero no de soluciones estructurales”
Para el arquitecto Fernando Maidana, experto en urbanismo y transporte, el problema principal no está contemplado en la propuesta.
“Me preocupa lo que el proyecto no dice. Centraliza el debate en Asunción y el área metropolitana, pero ignora que en más de 200 municipios del país el transporte público prácticamente no existe. Además, persiste la descoordinación entre los tres niveles del sistema: interdepartamental, metropolitano y municipal”, puntualizó.
Según Maidana, la ley plantea ajustes administrativos pero no un plan operativo concreto.
“No hay definición sobre los itinerarios, ni un mapa de rutas, ni metas de integración. Así, aunque se liciten nuevas líneas o se cree un fideicomiso, el problema estructural de gobernanza seguirá igual”, indicó,
“Queremos mejoras ahora, no promesas a futuro”
“El gobierno reconoce que gran parte de lo que propone podría hacerse con el marco legal vigente. Entonces, ¿por qué no lo hace ya? Llevamos dos años con un servicio pésimo y necesitamos señales inmediatas: más buses, carriles exclusivos, paradas seguras y un subsidio por kilómetro que garantice frecuencias y evite reguladas”, manifestó.
El oficialismo pide “tiempo y debate”
El senador oficialista Natalicio Chase defendió el proyecto como una “ley marco” que debe servir de base para un proceso más amplio.
“La reforma no se hará en un solo gobierno. Es un plan a largo plazo que debe ejecutarse en etapas. Entiendo las críticas, pero primero necesitamos aprobar el marco legal y luego avanzar en los planes operativos, la reestructuración del Viceministerio de Transporte y la definición de la tarifa técnica”, señaló el legislador.
Chase insistió en que el objetivo es permitir mayor competencia, garantizar subsidios sostenibles y construir un sistema que combine recursos estatales y privados.
