Una grave denuncia de «mafia judicial» y despojo sacude a la capital de Amambay. Perla Eliane Benítez, residente del barrio Frontera Verde, enfrenta una orden de desalojo que vence mañana viernes, tras descubrir que su vivienda fue subastada a sus espaldas por la ínfima suma de 1.000.000 de guaraníes, a pesar de que el valor real del inmueble asciende a los G. 300 millones.
Un juicio «invisible» en otra ciudad
El abogado defensor, Héctor Barreto, explicó que el proceso se llevó a cabo en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 11° Turno de Asunción, a pesar de que tanto la afectada como la propiedad se encuentran en Pedro Juan Caballero.
«Todo el juicio se hizo a espaldas de la mujer. La única notificación que recibió fue la intimación para desocupar la casa en 15 días», lamentó el profesional. Según el expediente, el ujier judicial afirmó haber dejado las notificaciones pegadas en la puerta, pero la familia asegura que nunca aparecieron.
El «negociado» del remate
La propiedad fue subastada el pasado 12 de junio de 2025 sin base de venta. El dato más alarmante revelado por la defensa es la identidad del adjudicado: Hugo Nicolás Azcona Ruiz, quien según registros públicos, se desempeña como Gerente de Legales de URBA Inmobiliaria (Arcallana SA), la misma empresa que vendió el lote y promovió la demanda.
«Es totalmente injusto. No podés sacarle la propiedad por G. 1 millón a una familia con tres menores de edad que pasarán la Navidad en la calle», lanzó el Abog. Barreto, comparando el caso con el esquema de la «mafia de los pagarés».
Las irregularidades del caso
- Falta de jurisdicción: El contrato se firmó en PJC y la propiedad está en PJC, pero el juicio se tramitó en la capital del país.
- Monto irrisorio: Se adjudicó por el 0.3% del valor real del inmueble.
- Vulnerabilidad: La mujer había pagado 63 de las 130 cuotas pactadas, pero debido a la pandemia tuvo dificultades para estar al día, momento en que la empresa bloqueó sus pagos.
Ante la inminencia del desalojo, la defensa anunció que presentará una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño de funciones e ignorancia de la ley contra los jueces que permitieron el proceso. Asimismo, no descartan una denuncia penal ante la Fiscalía por enriquecimiento ilícito contra la firma inmobiliaria.
La comunidad de Pedro Juan Caballero se mantiene alerta ante lo que consideran un atropello jurídico que dejaría a tres niños en la calle en vísperas de las fiestas de fin de año.
Fuente: Última Hora
