
La exsenadora independiente Kattya González, destituida del Senado en febrero de 2024 por una mayoría cartista y sus aliados, se refirió a la reciente acusación fiscal contra el senador colorado cartista Hernán Rivas, investigado por la presunta producción de documentos apócrifos vinculados a su supuesto título de abogado expedido por la Universidad Sudamericana.
La exsenadora Kattya González (independiente), junto con el diputado Raúl Benítez, también independiente, fueron los primeros en presentar esta denuncia públicamente y ante el Ministerio Público, un hecho que —según sostiene— formó parte de las razones no escritas que impulsaron su destitución del Congreso.
En conversación con la legisladora, González calificó la acusación a Rivas como “un triunfo de la verdad, de la realidad”, recordando que durante su periodo parlamentario ya había advertido sobre el grave riesgo de permitir que una persona sin formación académica ocupara un puesto clave en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
“Esta realidad fue bastardeada por un grupo político sin escrúpulos que nos endosó a una persona sin ninguna formación nada más y nada menos que en el JEM. Denunciarlo nos costó caro, pero hoy el tiempo nos da la razón”, expresó.
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González pidió una condena ejemplar dentro de lo que permitan las limitaciones del sistema judicial, ya que considera que este tipo de prácticas no solo buscan acceder a cargos, sino también cobrar bonificaciones o simular un estatus profesional que no existe.
“Si el motivo de mi destitución ahora genera una condena, habrá valido la pena”
González recordó que el caso Rivas fue una de las primeras denuncias de su gestión en el Senado y que asumir esa exposición le costó el cargo.
“Denunciar este caso, con documentos, al principio de mi periodo de senadora junto con el diputado Raúl Benítez, fue uno de los motivos que me costó el cargo. Pero, si desnudar esta realidad genera una condena a Rivas, habrá valido la pena la exposición”, sentenció.
La investigación contra Hernán Rivas sigue en curso y se perfila como uno de los procesos judiciales más emblemáticos sobre corrupción académica y falsificación de documentos en la política paraguaya reciente.