El sistema de justicia de Salvador, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, ha iniciado múltiples casos contra más de 80.000 personas que han sido arrestadas desde el establecimiento del Régimen de Excepción, en marzo de 2022. Este viernes, el tribunal de San Salvador inició la fase final del proceso contra 58 personas acusadas de ser parte de la célula de 13 Mara Salva (MStrucha 13 MStrucha), conocida como-13 MStrucha Hollywood Locos Salvatruchosque trabajó en diferentes partes del país.
El caso es parte de un proceso más amplio en el que los acusados han quedado sin garantía de seguridad. Desde marzo de 2022, el Gobierno ha aprobado la suspensión de cuatro derechos constitucionales, incluido el derecho a la legítima defensa, lo que ha impedido a muchos detenidos conocer siquiera a su abogado.
En septiembre de 2023, la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, aprobó cambios al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley Contra el Crimen Organizado para permitir a la Fiscalía «agrupar» a cientos o miles de personas acusadas de pertenecer a las pandillas Barrio 18 o MS-13. En la práctica, esto significa que una persona arrestada en una zona donde opera una de estas pandillas puede ser acusada de pertenecer a una pandilla, sin necesidad de presentar pruebas personales.
Las pruebas también se realizan en bloques. El proceso iniciado este viernes contra 58 personas se enmarca en un amplio caso en el que participan más de 3.000 imputados, según explicaron a EL PAÍS fiscales conocedores del expediente. El proceso comenzó el pasado mes de diciembre, según dos fuentes policiales contactadas por el periódico.
Una reforma legislativa aprobada en 2023 daría a la Fiscalía el poder de agrupar a miles de personas en una sola causa penal, mantener los casos abiertos por más tiempo y dictar sentencias de manera más consistente para grupos más pequeños. Esta mecánica es capaz de derrotar incluso a defensores individuales. «Una causa abierta proviene de los grupos creados por la Fiscalía y sólo tenemos acceso a la parte que corresponde a nuestros clientes. No sabemos exactamente de qué se les acusa y, en la mayoría de los casos, todo parece estar diseñado para oponerles sin defensa poder acceder a todo el expediente», explica el abogado que pidió no ser identificado por razones de seguridad.
Aunque el Régimen de Excepción suspende oficialmente sólo cuatro derechos, el Gobierno de Bukele ha impulsado cambios en la segunda ley que ha previsto para que las personas tomen decisiones tempranas. En septiembre de 2025, el Parlamento modificó ocho artículos de la Ley Contra el Crimen Organizado, que permitía que personas acusadas de ser miembros de grupos del crimen organizado fueran encarceladas durante siete años o más con impunidad.
El mensaje del Presidente ha sido innegable. «No los liberaremos ahora, o si no», dijo Bukele en un discurso a la nación al comienzo de su gobierno de siete años, en junio del año pasado.
Organizaciones de derechos humanos en este país y en todo el mundo han documentado más de 5.000 personas que han sido arrestadas sin motivo. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, admitió en octubre pasado que, en casi cuatro años de Regla Especial, unas 8.000 personas han sido liberadas, de las más de 90.000 que fueron detenidas.
La Fiscalía General dijo en el mismo mes que está procesando 590 casos contra 82.078 personas arrestadas bajo el Régimen de Excepción y ha asignado 291 fiscales para manejar los casos, lo que representa 282 personas por investigador. Organizaciones locales como Cristosal, principal organización de derechos humanos en El Salvador, advierten que estas medidas a gran escala conducirán a condenas injustificadas.
