La Fiscalía dio a conocer el análisis y tratamiento que actualmente le da a las denuncias penales realizadas por Carlos Pereira, interventor de la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez en la Municipalidad de Asunción. Pereira presentó cinco denuncias penales tras concluir y presentar su informe, en contra de la gestión del exintendente que renunció antes de que el informe de la intervención sea tratado en la Cámara de Diputados.
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía dio a conocer el análisis que realizó a las cinco denuncias penales presentadas por Carlos Pereira, interventor de la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, tras concluir con la auditoría.
Indican que una de las denuncias refiere a irregularidades vinculadas a la habilitación de comercios y otra expone la prescripción de un centenar de actas de intervención municipal que no fueron comunicadas a tiempo, que imposibilitaron su tramitación. Sobre la relacionada con el supuesto ofrecimiento y venta de cargos públicos, ya fue asignada a la agente fiscal Verónica Valdez, quien constituyó la apertura de una causa penal.
La denuncia sobre la presunta alteración de datos en los sistemas informáticos municipales para modificar metrajes de propiedades, lo que incidiría en el cálculo de tributos, cuenta con dictamen para ser derivada a la Unidad de Delitos Informáticos, aseguran.
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Intervención a la Municipalidad de Asunción
A estas denuncias, causas abiertas y analizadas se suman otras dos imputaciones en contra de Óscar “Nenecho” Rodríguez, una de ellas es sobre el caso conocido como “detergentes de oro”, en el que la municipalidad adquirió elementos de limpieza durante la pandemia, y la investigación por el desvío de los G. 500 mil millones provenientes de los bonos G8.
De acuerdo al análisis del interventor Carlos Pereira, la gestión municipal se apartó progresivamente de los estándares de gobernanza y administración prudente, generando un descalce financiero sostenido, lo que generó la crisis financiera, debido a la brecha creciente entre la recaudación municipal y las obligaciones asumidas, agravada por la baja eficiencia de las dependencias de gestión.
Los recursos obtenidos mediante la emisión del Bono G8 durante los ejercicios fiscales 2022 y 2023, destinados a obras de infraestructura, fueron desviados hacia gastos corrientes como pagos de personal, servicios no personales y adquisición de insumos, indica el documento, lo que constituye una grave y execrable violación de la normativa aplicable.
El informe también destaca que la aplicación de la Ordenanza No 175/2018 permitió la mezcla indiscriminada de recursos de diverso origen, sin salvaguardas jurídicas ni observancia del marco legal vigente, creando lo que los interventores definieron como una “densa red de cuentas desarticuladas” y una cuenta única municipal ilegal.
El diagnóstico institucional advierte que la situación crítica es resultado de una gestión deficiente, marcada por la inobservancia de principios de legalidad, responsabilidad fiscal y eficiencia administrativa.
