El Tribunal de Justicia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) resolvió la expulsión con degradación del excapitán Rubén Valdez Cáceres, luego de ser hallado responsable de una falta considerada “muy grave” por la institución. La decisión se da tras la ratificación de una condena penal en su contra por un caso de sextorsión contra una bombera.
En una resolución histórica, el Tribunal de Justicia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) dictó la expulsión con degradación del capitán director Ciriaco Rubén Valdez Cáceres, tras haber sido hallado responsable de una falta considerada “muy grave”, conforme al código disciplinario de la institución.
La decisión quedó asentada en la Resolución N.º 83/2025, en la cual el Tribunal aplicó la sanción máxima contemplada para este tipo de conducta. La medida implicó no solo la separación definitiva del cargo, sino también la pérdida de su rango jerárquico dentro del cuerpo de bomberos.
Además, como parte del fallo, se dispuso la prohibición total de ingreso de Valdez Cáceres a cualquier dependencia del CBVP.
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Infracciones graves
Se designó como jueza instructora a la capitana Daysi Brítez y se incorporaron pruebas documentales y testimonios que respaldaban la acusación. El caso fue suspendido temporalmente a la espera de una resolución en la Justicia ordinaria y retomado en 2025 para su resolución definitiva.
Corte ratificó condena
En mayo pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de seis meses de prisión (con suspensión de la ejecución de la pena) contra Valdez por sextorsión. La defensa había presentado un recurso extraordinario de casación, pero fue rechazado por no cumplir con las exigencias formales.
El Ministerio Público sostuvo que contaba con elementos que probaban la existencia de grabaciones y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.
La acusación señalaba que Valdez obligaba a la víctima a realizar actos sexuales bajo amenaza de divulgar esos contenidos. También se reportaron antecedentes de otras grabaciones no consentidas, incluyendo un caso ocurrido en un motel de Fernando de la Mora. En 2020, parte de ese material ya circulaba entre conocidos del acusado mediante terceros.
