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Una comitiva conformada por el Ministerio Público y personal técnico del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) destruyó una plantación de maíz genéticamente manipulado en la colonia Nueva Esperanza, departamento de Canindeyú, debido a que no contaba la debida autorización de la autoridad competente para su cultivo.

El operativo de eliminación del cultivo de maíz transgénico se efectuó el martes anterior en un predio ubicado en el camino a la Colonia Catorce Mil, de Nueva Esperanza, departamento de Canindeyú, en cumplimiento de la Ley N° 716/96Que sanciona delitos contra el medio ambiente”, informaron fuentes vinculadas al procedimiento.

El procedimiento fue impulsado después de una investigación fiscal que contó con el apoyo de técnicos de la Senave, que confirmó la existencia de manipulación genética en una parcela destinada presuntamente a la multiplicación de semillas, sin la debida autorización de la autoridad competente.

Una funcionaria del Ministerio Público que formó parte de la comitiva verifica el maizal erradicado durante el procedimiento.

El Artículo 5º de la Ley 716/96 establece como delito la manipulación genética no autorizada, así como la propagación de enfermedades, plagas o epidemias, sancionando estas conductas con penas de prisión y multas.

Método de erradicación

Se eliminaron específicamente las plantas “hembras”, portadoras del material genético manipulado, mientras que las plantas “macho” quedaron bajo control, con destino fiscalizado como grano comercial y sin fines de reproducción.

Esta acción interrumpió el ciclo reproductivo del cultivo, impidiendo la producción de semillas, y dejó el material restante como rastrojo en el suelo, con valor como abono orgánico.

La destrucción de los cultivos de maíz transgénico se hizo en cumplimiento faltas al Art. 5° de la Ley 716/96, que establece como delito la manipulación genética no autorizada.
La destrucción de los cultivos de maíz transgénico se hizo en cumplimiento faltas al Art. 5° de la Ley 716/96, que establece como delito la manipulación genética no autorizada.

Según fuentes, el operativo estuvo encabezado por el fiscal Ferreira, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente del Departamento de Canindeyú. El responsable de la parcela colaboró con la medida y la destrucción fue ejecutada por un operario de apellido Novak.


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