El Tesoro Público ya llegó a inyectar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal, en poco más de 14 años, recursos provenientes de la recaudación de impuestos por G. 11,3 billones (US$ 1.497 millones al cambio presupuestado) para financiar el déficit que registra el sector de las fuerzas públicas. El saldo rojo en sector civil, por su parte, lo cubren con los fondos superavitarios de empleados públicos, que va disminuyendo cada año.
La Caja Fiscal está conformada por seis sectores: empleados públicos, el único que mantiene superávit del 14% al final del mes de junio; magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros, que acumulan déficit de 31%, 22%, 74%, 64% y 48%, respectivamente.
En el primer semestre del año la referida caja acumula déficit global de 43%, equivalente a G. 1,22 billones (US$ 153 millones al cambio promedio de junio) que en su mayor parte se financia con los impuestos que paga la ciudadanía.
Casi US$ 1.500 millones inyectados
Los datos dan cuenta que desde el 2011 a junio del presente ejercicio, el Tesoro ya inyectó a la Caja Fiscal más de G. 11,3 billones (US$ 1.497 millones al cambio presupuestado) para cubrir el déficit del sector de militares y policías.
Este sector de las fuerzas públicas impone una importante presión al sistema jubilatorio público, porque no requiere de una edad mínima para la jubilación, con altas tasas de reemplazo y equiparación de la base de cálculo para el haber de retiro al salario del personal en servicio activo.
La equiparación fue aprobada por el Congreso en 2011, mediante Ley N.º 4493, que establece que los retirados percibirán el 100% de su haber de retiro y que el beneficio estará equiparado con el sueldo del que está en actividad y en correspondencia al grado jerárquico que ostentaba al momento de su retiro.
Esta modificación, sin embargo, es una de las 12 leyes que fueron aprobadas por el Parlamento desde los años 2007 a 2022, que terminaron perforando la Ley N.º 2345/2003, de reforma de la Caja Fiscal y llevando al sistema nuevamente a una situación de déficit global tras unos breves años de superávit.
Los regímenes especiales favorecieron a enfermeros, obstetras, médicos, odontólogos, bioquímicos, psicólogos, médicos del Estado, docentes en educación inclusiva, agentes de la Patrulla Caminera, guardaparques y trabajadores con discapacidad de la función pública.
Déficit iría a US$ 300 millones a fin de año
Delgado, titular de la Caja Fiscal, advirtió durante una exposición realizada en el Seminario Nacional de Presupuesto Público, realizado en Ciudad del Este, que las proyecciones realizadas indican que el déficit podría ascender a US$ 300 millones para fin de año.
Sostuvo la imperiosa necesidad de aplicar una reforma estructural para asegurar la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público.
“Debemos tomar conciencia de la sostenibilidad financiera. Somos responsables del futuro colectivo y este desafío requiere de un esfuerzo intergeneracional solidario”, afirmó el director general de la Caja Fiscal.
Se prevé el colapso de la Caja en 2028
El déficit global de la Caja Fiscal (sumado todos los sectores que la conforman) viene desde 2015 y aumenta cada año, generando una sangría al Tesoro Público por el subsidio que debe inyectar cada mes cubrir el déficit y cumplir con el pago de haberes a jubilados y pensionados.
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, había señalado que los principales problemas existen en la caja de militares y policías y que este sector genera más de la mitad del déficit debido a que se retiran del servicio más temprano.
Los militares y policías, así como maestros, docentes universitarios, docentes de educación inclusiva, personal de la Patrulla Caminera y guardaparques, no requieren de una edad mínima para jubilarse.
Según las proyecciones del Ministerio de Economía puestos a consideración de una comisión de la Cámara de Diputados, en 2028 la Caja fiscal colapsará y el Tesoro tendrá que hacer cargo del 100% de déficit que se generará.
La reforma de la entidad sigue esperando la decisión política del gobierno. Según Fernández Valdovinos, el proyecto se presentaría al Congreso a fin de año, previamente se buscará consensuar con la mayor parte de los sectores involucrados.
