Antes de iniciar sus vacaciones de casi 3 meses (por receso parlamentario), en la Cámara de Diputados figuran para su tratamiento ante el pleno varios proyectos impulsados por cartistas con los que básicamente buscan exprimir el bolsillo del ciudadano o meter la mano en el del Estado.
En tal sentido, en el punto 4 (A y B) se incluyeron dos planes del diputado cartista Néstor Castellano de presionar a los contribuyentes morosos de sus municipalidades a que paguen sus deudas y que los intendentes de todo el país -varios de ellos de cuestionada gestión– tengan más dinero de cara a las elecciones municipales del próximo año.
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El otro proyecto (4-B) es el que “modifica y amplía el artículo 194 en su inciso “a” de la Ley Nº 125/1991 ‘que establece el nuevo régimen tributario’, que en este caso punta directamente a apretar al ciudadano bajo amenaza de no poder hacer gestiones fundamentales como la obtención de pasaporte, fundamental para viajar al exterior.
En este caso, Castellano propone que a quienes adeuden en concepto de impuesto inmobiliario, DNIT deniegue el Certificado de Cumplimiento Tributario, que es requerido para renovar pasaporte, realizar trámites de escrituras ante escribanía e incluso eventualmente para la obtención de créditos.
Mientras varios de los diputados -entre ellos la cartista Johana Vega- se pasaron el año viajando y ahora tendrán casi tres meses para vacacionar sin dejar de cobrar su salario más beneficios de G. 37.900.000 a costa del contribuyente, pretenden exprimir al ciudadano para que intendentes recauden más a puertas del año electoral.
Esto podría afectar a muchos ciudadanos que necesiten viajan al exterior no solo para vacacionar, ya que muchos se ven forzados a salir del país ya sea por cuestiones laborales ante la falta de oportunidades aquí o por motivos de salud, buscando atención médica que no es ofrecida o es deficiente en el país debido a varios factores.
Millones para el feudo de “La madrina”
Llamativamente, en la última sesión del año incluyeron a la fuerza y a pedido de la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, diputada cartista Cristina Villalba, el plan “de compensación a los municipios del departamento de Canindeyú en reparación por la desaparición de los Saltos del Guairá”. La iniciativa, que plantea millonarios desembolsos a intendentes de Canindeyú –feudo de la llamada Madrina del Norte”– estaba cajoneada desde marzo de este año y justo en puertas del año electoral se la quiere reactivar.
Posible repartija de US$ 32 millones
También se volvió a incluir el proyecto de ley del diputado cartista José Domingo “Mino” Adorno “de reconocimiento como benemérito y que otorga un régimen de compensación a los gestores y combatientes de la gesta libertadora para la democracia del 2 y 3 de febrero del año 1989”.
Su aprobación implicaría repartir unos G. 218.543 millones (US$ 32 millones) a 784 beneficiarios. En 2023 se había promulgado una ley similar para conscriptos, pero hasta ahora es ley muerta por falta de fondos.
Ágiles para oprimir al “común” mientras salvan a intendentes sospechados
Mientras se muestran bastante envalentonados para apretar a los ciudadanos para que paguen sus impuestos municipales, miembros de la Cámara de Diputados consumarán mañana (en su última sesión ordinaria del año) el salvataje a 7 intendentes que en su mayoría vienen siendo salvados de pedidos de intervención en su contra desde el 2024.
El salvataje ya podría considerarse un hecho desde que la semana pasada la sesión quedó sin quórum justo cuando iban a tratar los pedidos de intervención, pero ya se confirma al no ser incluidos estos casos en el orden del día de mañana.
Los salvados son el padre del senador cartista Hernán Rivas, el intendente de Tomás Romero Pereira (Itapúa), Hernán Ysidro Rivas; el intendente de Ñemby (Central), Tomás Olmedo y el de Ybyrarobaná (Canindeyú), César Machuca, todos ellos cartistas.
También fueron beneficiados con la “ley del oparei” cuatro no colorados: el intendente de Lima (San Pedro), Juan Manuel Ávalos (Alianza); el intendente liberal de Emboscada, Silvio Andrés Peña; el opositor (alianza) de Yby Yaú, Vidal Argüello y el opositor (alianza) de Juan León Mallorquín, Elvio Coronel.
En el caso de Rivas, el blindaje es aún más alevoso, ya que no solo ya había sido salvado de un primer pedido en 2023 sino que también el Ministerio del Interior tuvo cajoneado por más de un año este segundo pedido de intervención, cuando la ley obliga que debe remitir el expediente a Diputados en un plazo máximo de 5 días.
Lo más reprochable en el caso de Diputados es que ahora promueven una serie de proyectos para tratar de oprimir aún mas a los ciudadanos y obligarlos con artimañas a que paguen sus impuestos municipales, pero nada hacen para cuidar el correcto uso de dichos fondos e incluso son cómplices de varios intendentes, algunos de los cuales, como Rivas y Olmedo, incluso están denunciados penalmente.
Con esto ya es casi imposible que el próximo año sean analizados estos y otros pedidos de intervención, puesto que el receso parlamentario culmina el 3 de marzo y ya no existiría tiempo material para realizarlos, ya que cuanto menos el proceso lleva 3 meses. Es decir, culminaría para junio, mismo mes que deben realizarse las internas municipales para el periodo 2026-2031.
