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El presidente de la Comisión “Garrote”, el liberocartista Dionisio Amarilla, afirmó que dejaron por sentado en su informe concluyente que el Poder Ejecutivo cuanto antes debe emitir el decreto reglamentario sobre la ley que regula las ONG. A la vez, mencionó que el órgano que preside cumplió “con su rol y misión”, aunque reconoció que no pudieron acceder a datos oficiales.

La Comisión de Investigación Antilavado, conocida como “Garrote”, dejó sentada por escrito la necesidad de que el Poder Ejecutivo emita el decreto reglamentario sobre la ley que de transparencia y control de las ONG, según informó su presidente, Dionisio Amarilla (PLRA-HC).

“De manera taxativa, en nuestro informe precisamos que estamos aguardando la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo”, precisó.

En el informe, la comisión resalta que USAID (la suspendida Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) no es transparente y que el 71% de los fondos de la dicha organización -de un total de US$ 50 millones- se usaron en salarios sin “resultados tangibles”.

“Esperamos que tomen nota de este reclamo, que mañana quedará como informe oficial del Senado, que se aguarda el decreto reglamentario y que eso tiene cuanto antes que ser difundido”, subrayó Amarilla este martes.

Comisión “Garrote” cumplió su rol, afirmó

En otro momento, el senador resaltó que considera que la Comisión “Garrote” cumplió el rol para el que se estableció.

“A mi criterio y el de los compañeros, la comisión cumplió con su rol y misión. Y reitero: por sobre todas las cosas precauteló el principio de inocencia de los sectores que fueron investigados y concluyó conforme a elementos objetivos que pudo recaudar y recopilar durante el proceso”, expresó.

Amarilla, no obstante, reconoció que “se nos hizo muy difícil lo relativo a la obtención de datos”. En ese sentido, mencionó a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

La Comisión “Garrote” entregó ayer su informe y conclusiones, en que se admite la falta de pruebas en sus acusaciones. El órgano fue creado para atacar a enemigos del cartismo como la USAID, así como a las ONG y medios de prensa críticos al Gobierno, según cuestionaron desde algunos sectores.


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