La directora de Recursos Humanos de la Municipalidad de Asunción, Emi Moriya, reconoció que una parte de los casi G. 6.000 millones en deudas judiciales corresponde a prestación alimentaria, aunque aseguró que los pagos mensuales están al día. Justificó el atraso con los problemas financieros que atraviesa la institución.
La directora de Recursos Humanos de la Municipalidad de Asunción, Emi Moriya, admitió que la institución mantiene una deuda cercana a los 6.000 millones de guaraníes en concepto de juicios ejecutivos, entre ellos casos de prestación alimentaria. Sin embargo, aseguró que los pagos mensuales posteriores a sentencia están siendo cumplidos, y que el atraso corresponde principalmente a compromisos retroactivos.
“Para precisar, los casi 6.000 millones que figuran como deuda entre enero y junio del 2025 incluyen varios tipos de juicios ejecutivos. No todo corresponde a prestación alimentaria”, afirmó la funcionaria.
Moriya indicó que esta cifra incluye demandas con sentencia firme que obligan a la Comuna a retener montos de los salarios de funcionarios para saldar obligaciones judiciales. Aunque no precisó cuántos casos de prestación alimentaria están afectados, admitió que una porción sí corresponde a este concepto, especialmente durante el periodo anterior a la sentencia.
Pagos mensuales al día, pero con atrasos retroactivos
La directora enfatizó que la Municipalidad sí está cumpliendo con el monto mensual posterior a la sentencia, que asciende a 423 millones de guaraníes aproximadamente, y que este se paga puntualmente mes a mes.
La crisis financiera como causa principal
Consultada sobre los motivos del atraso, Moriya apuntó directamente a los problemas financieros que atraviesa la Comuna y que motivaron su actual intervención.
“Es por los mismos problemas por los que estamos intervenidos, problemas financieros. Es también la razón por la que no se transfiere a la Caja Municipal”, sostuvo.
Aunque desde la Municipalidad se insiste en que los pagos mensuales están garantizados, la deuda retroactiva continúa sin solución, afectando en muchos casos a madres y responsables legales que dependen de estos fondos para cubrir necesidades básicas de sus hijos.
