
Los partidos y referentes políticos emitieron un manifiesto público en el que expresan su más firme repudio a la narcopolítica, de la que dicen, quiere instalar una dictadura totalitaria en el Paraguay, eliminando toda oposición política como ya hicieron con la inconstitucional destitución de la exsenadora Kattya González y ahora buscan hacerlo con el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo).
Afirman que toda función y administración pública debe estar sujeta al control y escrutinio público, pero con independencia. “Hoy todos los poderes del Estado, incluyendo la Contraloría General de la República y el Poder Judicial están sometidos al cartismo, por lo que su parcialidad manifiesta socava la democracia”, refieren.
También señalan que mientras el Gobierno persigue a opositores, la ciudadanía sufre hambre, desocupación, falta de medicamentos y un desastre educativo. “Por eso instamos al Gobierno nacional, a ocuparse de su labor, en vez de perseguir a los que le cuestionan”, afirman en el comunicado dirigido a la opinión pública.
Asimismo, convocan a toda la ciudadanía a acompañar las movilizaciones en defensa de la democracia y del respeto a la voluntad popular por un nuevo Paraguay. Piden parar con la narcodictadura y luchar por la soberanía y la justicia social.
El pronunciamiento fue firmado por el Partido del Frente Patriótico Te’ete (PFPT), el Partido Revolucionario Febrerista (PRF), el Partido de la Participación Ciudadana (PPC), el Partido País Solidario (PPS), el Partido Paraguay Soberano (PaSo), el Partido Paraguay Pyahurã (PPP); asimismo la senadora Esperanza Martínez (FG), la exsenadora Kattya González, el diputado Raúl Benítez y la diputada Johanna Ortega (PPS).
El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presidido por Hugo Fleitas, resolvió el miércoles pasado encomendar a sus parlamentarios impulsar el juicio político contra el contralor general de la República, Camilo Benítez.
Independientemente de que existan o no votos, la diputada Ortega había señalado que existen indicios suficientes para decir que el contralor general de la República es una “herramienta en la operación” del cartismo para intentar destituir al intendente de Ciudad del Este.
Asimismo, diputados de la bancada de Fuerza Republicana se mantienen vigilantes ante el eventual planteamiento de un pedido de juicio político contra el contralor. Afirman que el debate se centra en que si la Contraloría fue instrumentada y si el contralor es cartista o no.