La presión pública en Bolivia contra la ley 5503, que declara la crisis económica del país y retira los subsidios a los hidrocarburos, no disminuye durante las fiestas de fin de año. En el octavo día de protestas contra la ley, que inició el 17 de diciembre, la marcha en La Paz encabezada por el principal sindicato del país, la Central Obrera Boliviana (COB), se enfrentó el martes con la Policía cuando intentaban cruzar la línea de seguridad para ingresar a la Plaza Murillo, donde se encuentra la Casa de Gobierno. Los agentes lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma, a lo que los manifestantes respondieron con fuegos artificiales y pequeñas cargas de dinamita.
Ese mismo martes, educadores urbanos iniciaron una huelga de hambre a la que se sumaron otros encabezados por mujeres mineras. La medida de la ley más comentada es la suspensión de las subvenciones a la gasolina y al diésel, cuyos precios han aumentado casi un 90% y un 160%, respectivamente. Se considera inminente un aumento en el precio de la canasta básica. Sin embargo, dirigentes de la COB sostienen que algunos de los incidentes, que contienen más de 120 documentos, no están siendo ignorados. Algunas de las críticas son aquellas que permiten poner en funcionamiento inversiones extranjeras sin la aprobación del Parlamento durante su ausencia.
Dirigentes de la COB, organización que ha sido fuertemente cuestionada por su cercanía a gobiernos anteriores del Movimiento al Socialismo (MAS), afirman que la ley significa la pérdida de la soberanía nacional. El miércoles acordaron que irán a negociar con el Gobierno el lunes 5 de enero, pero insisten en que se derogue la ley.
«Las medidas que tomarán a partir de ahora el Gobierno y las empresas serán leyes y, en particular, estaremos colocando un jarrón frente al Parlamento», afirmó el responsable del centro, Mario Argollo. La Confederación de Trabajadores de la Educación, en las zonas urbanas y rurales, uno de los principales focos de protesta, por su parte, se opone a la congelación de los salarios y a la prohibición de nuevos empleos en el gobierno.
Uno de los dirigentes del sindicato que participa en la huelga de hambre, José Luis Álvarez, dice que la ley pone en juego los problemas económicos de Bolivia. «Para todos los gobiernos, la forma más fácil es abrocharse el cinturón a los trabajadores por los problemas que ellos causan, no a nosotros», afirmó. El país andino se enfrenta a una inflación anual que supera el 20%, impulsada por la falta de dólares, después de que su principal fuente de divisas en las últimas dos décadas -las exportaciones de gas- se redujera al 40% desde 2014.
El presidente Rodrigo Paz ha dejado claro que no derogará la ley, pero ha llamado varias veces a negociar con los grupos reunidos. La tarde del martes, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció el establecimiento de mesas de discusión técnica. «La idea es abordar el alcance de la ley, especialmente los puntos planteados por los grupos afectados (…) Entendemos su punto de vista, pero el problema es muy grave», dijo en rueda de prensa. Sin embargo, los intentos de negociación entre la COB y el Ejecutivo han fracasado en el pasado, y este panorama se complica con el anuncio de que otros sectores se han sumado a la gira, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu.
