10 de octubre de 2025 – 20:58
Un tribunal de alzada, conformado por los jueces Pablino Escobar Garay, Arnulfo Arias Maldonado y Silvana Raquel Lusvardi Sarubbi, rechazó la recusación presentada contra el juez Humberto Otazú en el marco de un proceso penal contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros acusados. La recusación había sido planteada por uno de los coprocesados en la causa conocida como caso “Tía Chela”.
El abogado Roberto Carlos Benítez presentó la recusación contra el juez Otazú el martes pasado, en representación de uno de los procesados, Higinio Acuña. El profesional había afirmado que el magistrado debía apartarse de la causa por “odio, resentimiento y falta de imparcialidad e independencia”. Con esto, se había suspendido la audiencia preliminar.
La acción fue planteada luego de que el abogado Benítez fuera privado de su libertad por 24 horas tras una discusión durante una audiencia. También sostuvo que, al ser detenido, su cliente Higinio Acuña quedó en total indefensión, ya que el juez prosiguió con la audiencia.
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A su vez, los camaristas consideraron que los agravios esgrimidos por el recurrente reflejan solo su apreciación subjetiva respecto al magistrado, en razón de su disconformidad con el accionar del juzgado a su cargo.
“No se ha expuesto tan siquiera un solo motivo valedero que justifique una causa grave que pudiera comprometer la imparcialidad e independencia judicial del magistrado, por lo que es patente la falta de viabilidad de la recusación planteada. Esta magistratura entiende que la recusación debe ser rechazada por su notoria improcedencia”, concluyeron.
Antecedentes del caso
En el proceso penal conocido como caso “Tía Chela”, el Ministerio Público acusó a Miguel Prieto y a otras diez personas por la presunta comisión de lesión de confianza y asociación criminal. Según la investigación, durante la pandemia del 2020, la Municipalidad de Ciudad del Este habría adquirido alimentos de manera fraudulenta por un valor de G. 2.949.650.000, mediante una licitación por excepción direccionada a una empresa proveedora.
Además de Prieto, están acusados el secretario general de la Municipalidad, Francisco Arrúa; el exdirector de Desarrollo Social y actual concejal, Sebastián Martínez; la excoordinadora de Contrataciones Públicas, Maggi Fariña; el jefe de Desarrollo Comunitario, José Félix Cáceres Galeano; y el jefe de Almacenes, Julián Benítez Gamarra.
También figuran entre los acusados Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisiciones; Cirle Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, representante de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, dueña de la firma Vanemi SA.
