Una nueva polémica sacude el caso Pecci. Mensajes extraídos del sistema encriptado SKY ECC por Europol revelan que ya en 2020 se planeaba la muerte del entonces fiscal Marcelo Pecci, mucho antes de su asesinato en Colombia, el 10 de mayo de 2022. El senador Colym Soroka (ANR) afirma que el caso Pecci nunca debió cerrarse y que quedan por ser investigados los fiscales y jueces citados en los chats del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
En el centro de los intercambios de mensajes aparece Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, quien dialogaba con Anderson Ríos Vilhalva, alias “Pepe”, presunto sicario vinculado a Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, principal sospechoso del asesinato del periodista Leo Veras.
“Pea a (la) larga ya yucata (A este con el tiempo lo vamos a matar)”, escribió Rodrigues Gomes en referencia a Pecci, según los documentos filtrados.
El senador Colym Soroka (ANR) cuestionó con dureza la actuación del Ministerio Público y de la justicia en torno al caso. “Nunca se hubiese cerrado el caso, queda por investigar el área criminal y financiera. Los chats revelan que hay otras personas en todo el esquema”, advirtió.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La incógnita sobre fiscales y jueces
Uno de los puntos más sensibles que resaltó Soroka es la mención de fiscales y jueces en los chats de “Lalo” Gomes, un aspecto que, según el legislador, fue ignorado por las autoridades.
Durante la labor de la Comisión de Investigación Antilavado del Senado —popularmente conocida como “comisión garrote”—, Soroka lamentó que no hayan acudido los fiscales del caso.
Aseguró que la Fiscalía “optó por cerrar el caso sin dar una respuesta clara” sobre la presunta implicancia de actores del sistema judicial.
“Queda pendiente como gran incógnita qué pasó con los fiscales y jueces que aparecían en los chats del exdiputado”, sostuvo el parlamentario.
Los chats hoy expuestos muestran que la amenaza contra Pecci se gestaba ya al menos dos años antes de su asesinato en la playa de Barú, en Cartagena, Colombia. El fiscal fue ejecutado en un ataque del crimen organizado que generó repercusión mundial.
